Irán tiene el derecho a defenderse
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Irán tiene el derecho a defenderse

Según el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, toda nación tiene el “derecho inherente de legítima defensa individual o colectiva” ante un ataque armado. Este principio jurídico fundamental reafirma el derecho de Irán a proteger su soberanía y a su pueblo en respuesta a los recientes actos de agresión por parte de Israel y Estados Unidos. El ataque no provocado de Israel contra Irán el 13 de junio de 2025, y el posterior ataque estadounidense el 21 de junio, se llevaron a cabo sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como tal, estos actos constituyen violaciones flagrantes del Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe estrictamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, salvo que esté sancionado por el Consejo de Seguridad o en legítima defensa.

En marcado contraste con la agresión mostrada por Israel, Irán ha demostrado un compromiso constante con la paz y la estabilidad. Una nación con una civilización milenaria, Irán no ha iniciado una guerra contra ningún otro país en más de dos siglos. Sigue siendo signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), mantiene una cooperación activa con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y cumple con el derecho internacional. Sin embargo, Irán se encuentra bajo una presión militar y económica constante por parte de un estado paria que representa una amenaza genuina para la paz y la seguridad globales: Israel.

El desafío de Israel al derecho internacional

El historial de agresión de Israel en el Medio Oriente es extenso y está bien documentado. Ha bombardeado territorios soberanos en Líbano, Siria y Yemen sin justificación legal ni autorización de la ONU. Estas acciones han desestabilizado regiones enteras, desencadenado crisis humanitarias y contribuido directamente a la erosión de las normas internacionales. Además, la ocupación prolongada de territorios palestinos por parte de Israel, sus violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y su negativa a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas identifican claramente a Israel como el agresor, no la víctima, en el Medio Oriente.

A pesar de las repetidas condenas internacionales, Israel continúa ignorando las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU. Ha desafiado las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de enero de 2024 para que cese la expansión ilegal de asentamientos, permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y desmantele sus asentamientos en Cisjordania. En lugar de cumplir, Israel ha intensificado su campaña de brutalidad, imponiendo asedios totales a Gaza en 2023 y 2025. Estos asedios han resultado en hambruna masiva —un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario— y en el ataque deliberado a civiles, incluidos periodistas, hospitales y edificios residenciales.

Una de las revelaciones más condenatorias recientes es la instrumentalización de la ayuda humanitaria. La llamada “Fundación Humanitaria de Gaza”, creada por Israel, ha sido expuesta como una trampa para atraer a civiles desesperados a puntos de distribución solo para ser asesinados a tiros, una táctica que viola las Convenciones de Ginebra y constituye crímenes contra la humanidad. Un reciente estudio de Harvard estima que 377,000 personas de los 2.2 millones de habitantes de Gaza están ahora desaparecidas y deben presumirse muertas. Estas no son cifras colaterales; son el resultado de una campaña sostenida y deliberada de exterminio.

El comportamiento de Israel en el ámbito nuclear también genera graves preocupaciones. Es uno de los pocos países del mundo que se niega a firmar y ratificar el TNP, evitando así las inspecciones del OIEA. Ha construido un arsenal nuclear clandestino robando uranio altamente enriquecido de Estados Unidos en el infame caso NUMEC. Además, al negarse a declarar sus capacidades nucleares, Israel evade la responsabilidad bajo la ley estadounidense, específicamente la Enmienda Symington, que prohíbe la ayuda militar a países que desarrollan armas nucleares fuera del marco del TNP. Estas violaciones deliberadas de las normas internacionales y las leyes nacionales han sido toleradas —de hecho, habilitadas— por sucesivas administraciones estadounidenses.

En su afán por sofocar el progreso científico y tecnológico pacífico de Irán, tanto Estados Unidos como Israel han recurrido a atacar instalaciones nucleares iraníes, que están bajo la plena supervisión del OIEA. Estos actos imprudentes arriesgan la liberación de materiales radiactivos, amenazan vidas civiles y ponen en peligro la ecología de la región, pero se presentan falsamente como medidas “defensivas” o “preventivas”.

Conclusión: Israel como la mayor amenaza para la paz

Cada vez es más evidente que Israel opera como un estado paria, más allá de la ley, por encima de la rendición de cuentas internacional e indiferente al sufrimiento humano. Se ha convertido en la mayor amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad, no solo en el Medio Oriente, sino en todo el mundo. Socava sistemáticamente el orden internacional, viola flagrantemente los derechos humanos y continúa persiguiendo una agenda militarista y expansionista con impunidad.

La comunidad internacional no debe seguir siendo espectadora. Bajo la Convención sobre el Genocidio y el marco de la “Responsabilidad de Proteger” (R2P), existe una obligación moral y legal de actuar en defensa del pueblo palestino. El mundo debe moverse urgentemente para imponer sanciones económicas y diplomáticas integrales contra Israel, hacer cumplir un embargo de armas estricto y considerar la intervención militar bajo la Resolución 377 de la Asamblea General de la ONU (“Unidos por la Paz”), que permite la acción colectiva cuando el Consejo de Seguridad no actúa.

El tiempo para la ambigüedad ha terminado. El mundo debe hacer que Israel rinda cuentas. El derecho de Irán a defenderse no es solo legal, es imperativo frente a una agresión sostenida. La paz y la justicia globales exigen que el comportamiento paria de Israel sea confrontado y contenido mediante una acción internacional decisiva.

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